domingo, 27 de mayo de 2012

La maternidad prematura hace heroínas a las jóvenes amazónicas

Magda Rosa Chao llegando a Cobija para cobrar su bono Juana Azurduy.
Foto Silvia Antelo Aguilar

Lo que preocupa a los médicos de Pando es el alto riesgo de mortalidad que conlleva esta realidad. “Recientemente murió una niña gestante de 15 años a la que no pudimos  salvar por falta de mejor equipamiento”, lamentan…

por Silvia Antelo Aguilar
Se llama Magda Rosa y apellida Chao Chamaro, cumplió 17 años en septiembre del 2011, nació en 1994, y asume la vida con una responsabilidad que no elude, al llevar en brazos un bebé que dio a luz con cesárea, como la mayoría de niñas y adolescentes de la amazonía boliviana. “Fue muy doloroso el parto, pero me trataron bien en el Hospital de Cobija”, dice la niña madre que llegó a esta ciudad para cobrar su bono Juana Azurduy de Padilla.
Vino desde su comunidad de “Siete Leguas”, en el municipio de Puerto Rico, donde su esposo, un muchacho de 17 años, “se quedó trabajando en la zafra”, dice. Su pueblo está a orillas del Madre de Dios, donde colindan los Tacana, Cavineños y Esse Ejas, principales naciones originarias de Pando, además de los Pacahuara y los Machineri-Yaminahua que ya han sido invadidas por la "civilización", conviviendo con colonizadores agrícolas y empresarios madereros y de otros rubros, además del Estado prebendal que, rompiendo su aislamiento voluntario originario, han generado condiciones de extrema vulnerabilidad entre estos pueblos, especialmente en lo concerniente a la salud materno-infantil.
Madres-niñas en Pando
Magda, una heroica madre adolescente.
Foto Silvia Antelo Aguilar
La maternidad prematura, aunque para los ojos occidentales resulte una “anomalía”, es una realidad propia de los pueblos indígenas amazónicos donde la libertad sexual se ejerce sin pecado ni violencia. Sin embargo, es un problema de protección que debe abordarse sin prejuicios morbosos, ya que la falta de una adecuada atención médica y el debilitamiento de la medicina natural a causa del “progreso”, agrava la vulnerabilidad de estas jóvenes madres.
Según registros de Control Prenatal del Hospital Roberto Galindo Terán de la ciudad de Cobija, en Pando, hasta octubre del 2010 se atendieron 55 embarazos  en mujeres menores de 20 años, en su mayoría provenientes  de las comunidades indígenas.
Riesgos que merecen
mejor atención
En agosto fue atendida una niña de 12 años, y durante el año dieron a luz dos niñas de 13 años, cinco de 14, cinco de 15, seis de 16 años, once de 17, catorce de 18 y once de 19 años, con elevada tasa de partos por cesárea.
Cabe señalar, según testimonios del personal médico, que en todos los casos la maternidad fue consentida, pues los padres son también adolescentes. “No son muy frecuentes casos de maternidad entre estas muchachas a  causa de violación, como en otras partes del país. Es evidente que ellas llevan una vida sexual, aunque prematura, normal”, sostienen.
Sin embargo lo que preocupa a los médicos de Pando es el alto riesgo de mortalidad que conlleva esta realidad. “Recientemente murió una niña gestante de 15 años a la que no pudimos  salvar por falta de mejor equipamiento”, lamentan.
La generosa Madre Naturaleza entre los pueblos en aislamiento voluntario.
Foto archivo Sol de Pando
La maternidad es libre y sana en la selva amazónica.
Foto archivo Sol de Pando

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jueves, 24 de mayo de 2012

VILLENA INCUMPLE SU DEBER | Defensor del Pueblo encubrió a Maldonado en el Informe sobre Chaparina

Omisiones deliberadas en el Informe del Defensor del Pueblo encubren a Maldonado.
Funcionarios subalternos de la oficina del Defensor del Pueblo tuvieron que lanzar un comunicado desmintiendo y desautorizando a Rolando Villena sobre sus declaraciones efectuadas el martes cuando aseguró que el coronel Víctor Maldonado es uno de los principales responsables de la represión cometida contra la marcha indígena en Chaparina. La verdad es que el Informe Defensorial emitido en noviembre encubre burdamente a Maldonado, no lo menciona siquiera, para evitar que la investigación llegue a “JR” Quintana, el eslabón perdido en la “cadena de mando” que se rompió con violencia fascista aquel 25 de septiembre negro…

por Wilson García Mérida

El Informe pasa por alto las acciones
del Jefe Nacional de Inteligencia.
El pasado martes 22 de mayo, tras reunirse con el Ministro de la Presidencia en el Palacio de Gobierno al día siguiente de la posesión del nuevo Comandante General de la Policía, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, fue abruptamente interceptado por varios periodistas que requirieron su posición sobre la polémica designación del coronel Víctor Maldonado.
Villena no estaba preparado para aquella improvisada rueda de prensa, y tuvo que improvisar, mintiendo con desenfado. En una confusa declaración donde intentó poner énfasis en la “novedad” de que la policía está atravesada por “mafias” (una obviedad con que Quintana pretende justificar el avasallamiento político sin reales perspectivas de una efectiva reforma ética en la institución policial), el Defensor del Pueblo se vio obligado a admitir que Víctor Maldonado era uno de los principales responsables de la violación de los derechos humanos en la razzia anti-indígena de Chaparina el pasado 25 de septiembre, y que dicho antecedente “consta” en el Informe Defensorial emitido al respecto por Villena, en noviembre, lo cual es falso.
La red Erbol reprodujo las declaraciones del Defensor del Pueblo, informando que “según Villena, en el Informe Defensorial se constata que la recién posesionada autoridad policial, en su condición de Jefe de Inteligencia, estuvo presente en Chaparina el día 25 de septiembre del 2011, cuando se registró la brutal represión a marchistas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)”.
Villena incriminando a Maldonado el martes.
Y citó Erbol, textualmente, lo que Villena afirmó ante varios canales de televisión:
“El informe fue categórico en esto, él ha sido identificado como uno de los funcionarios que tiene que ver mucho en la represión de la Policía el 25 de septiembre de 2011, estos hechos no pueden quedar en la impunidad”.
A pocas horas de aquella declaración, el mismo martes, contradiciendo flagrantemente a Villena, su misma oficina del Defensor del Pueblo emitió un comunicado para desmentir lo que afirmó en la conferencia de prensa al salir del Ministerio de la Presidencia. La revista digital Oxígeno dio cuenta de aquel extraño comunicado para “aclarar” que cuando Villena se refería a la presencia de una autoridad policial en la represión del 25 de septiembre de 2011 contra la marcha indígena del Tipnis,no se refería al nuevo comandante de la Policía, Víctor Maldonado, sino al retirado general Jorge Santiesteban”.
Villena desmentido mediante un comunicado de su misma oficina defensorial.
El comunicado de la oficina del Defensor del Pueblo que deja mal parado a Villena dice textualmente:
“Ante versiones difundidas por algunos medios de comunicación en sentido de que  el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, ‘confirma’ que el recién posesionado Comandante de la Policía, coronel Víctor Maldonado, estuvo en la represión de la marcha indígena el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina,  la Defensoría del Pueblo aclara que las declaraciones que su Máxima Autoridad realizó hacían referencia al ex Comandante, general Jorge Santiesteban y no a su actual sucesor”.
Con dicha “aclaración”, el Defensor del Pueblo, como institución, echa toda la carga de la responsabilidad en el defenestrado Comandante General, Santiesteban, quien no estuvo presente en Chaparina, e insiste en encubrir a Maldonado, quien sí estuvo en Chaparina en el momento mismo de la criminal represión cumpliendo su función como Jefe Nacional de Inteligencia, tal cual evidencian varias imágenes televisivas registradas el 25 de septiembre a la hora exacta de la arremetida policial, con Maldonado en persona visto y filmado públicamente en el lugar de los hechos.

El general Jorge Santiesteban fue instrumentado para envilecer la, desde ya, corrompida matriculación de postulantes "interculturales" que pretendìan ingresar a la Academia Nacional de Policías pagando sobornos y traficando con "avales" ministeriales, lo cual le costó el cargo ahora ocupado por el coronel Víctor Maldonado. Santiestéban, según declaró tras su destitución, desconocía que Maldonado estuviera presente en Chaparina el 25 de septiembre. Pero al Defensor del Pueblo, que confunde roles y responsabilidades, no parece importarle ese antecedente.
Los tentáculos de la impunidad
El funcionario Jaime Quiroga Carvajal.

Sol de Pando pudo confirmar que el funcionario encargado de redactar aquel  comunicado que desautoriza vergonzosamente a Villena es el actual jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano del Defensor del Pueblo, Jaime Quiroga Carvajal, hombre de estrecha confianza del ministro Juan Ramón Quintana, al que sirvió como jefe de gabinete en anterior gestión ministerial.
Se sabe que Jaime Quiroga detenta mayor autoridad que el propio Villena en la estructura administrativa del Defensor del Pueblo, habiendo incluso ejercido el cargo de Villena interinamente en varias oportunidades, orientando las acciones de la institución defensorial según las instrucciones directas que recibe de Quintana.
En este caso concreto, se ratifica que el Defensor del Pueblo se obstina en encubrir las verdaderas responsabilidades sobre lo acontecido en Chaparina, y el propósito es claro: proteger a Maldonado para proteger a Quintana. No cabe duda alguna que Quintana y Maldonado planificaron, coordinaron y ejecutaron en Yucumo y Chaparina aquella feroz violación de los derechos humanos contra el pueblo indígena amazónico.
Sol de Pando ha constatado que Rolando Villena incurre en una especie de prevaricato para encubrir la participación de Quintana en varios hechos represivos orquestados por esa autoridad y sus “operadores”. Uno de aquellos “operadores”, el más obsecuente en el entorno íntimo de Quintana, es precisamente Jaime Quiroga, por cuyo “filtro” pasan los informes que suscribe el defensor Villena; y ahora también sus declaraciones públicas.

Los procedimientos y resoluciones que desarrolla el Defensor del Pueblo para proteger los derechos humanos y los derechos constitucionales de los ciudadanos comunes ante abusos de autoridades gubernamentales e instituciones estatales, tienen carácter de "cosa juzgada"; y cuando estas atribuciones jurídicas son ejercidas de mala fe o con un sentido de injusticia y corrupción política, la anomalía tiene las mismas características de un prevaricato cometido por un juez. En el mejor de los casos esta conducta recurrente en las actuaciones de Villena, administrativamente, es tipificable como incumplimiento de deberes.
El "prevaricato" de Villena
Rolando Villena vigilado por Jaime Quiroga.
El comunicado de la oficina del Defensor del Pueblo emitido el martes desmintiendo y desautorizando a Villena, es una nueva constatación de que el Informe Defensorial sobre los hechos de Chaparina, firmado por Villena (y por lo visto sin haberlo leído adecuadamente, pues el martes supuso que Maldonado figuraba en dicho Informe), ha sido redactado y corregido por una de las manos negras extendidas de Quintana, cuyos tentáculos inducen al Defensor del Pueblo a bloquear toda posibilidad de esclarecer la torpe presencia del Jefe Nacional de Inteligencia en aquella operación represiva indudablemente concebida, planificada y llevada a cabo bajo el mando directo de “JR” Quintana. En ello, Villena comete un flagrante prevaricato al incumplir sus deberes señalados por la Constitución.
Dicho Informe Defensorial no menciona en ninguna de sus páginas el nombre de Víctor Maldonado Hinojosa, ni en relación a los requerimientos informativos elaborados por el Defensor para obtener los informes oficiales de la Policía, ni durante las entrevistas con los actores involucrados, mucho menos en las conclusiones estableciendo responsabilidades.
Aquel Informe presenta omisiones técnicas notables que reflejan una espantosa falta de profesionalidad o excesiva mala fe, o ambas, entre quienes lo elaboraron. La carga investigativa se concentró en establecer las acciones realizadas por el Jefe Nacional de Operaciones, Tcnl. Franz Alvarado Hoyos, quien informó sobre la cantidad de efectivos desplazados a la zona para tomar parte del operativo, o por el Jefe Nacional de Planificación, Tcnl. Henry Terrazas, quien se encargó del apoyo logístico a la tropa policial con “la compra de alimentos para 76 efectivos, 1.000 litros de combustible, 1.200 litros de agua, 20 tenazas cortafrío y 10 docenas de cinta adhesiva masquín (…) compradas de la Ferretaría Alan”. Pero en ningún momento el Defensor del Pueblo osa investigar las actividades del Jefe Nacional de Inteligencia, Víctor Maldonado, como si los investigadores defensoriales ignorasen que en toda operación policial con las características de Chaparina, el trabajo previo de Inteligencia es determinante incluso para los desenlaces de la operación.
En este punto, llama la atención que otro funcionario del Defensor del Pueblo en el entorno íntimo de Villena, como es el encargado de la unidad de prevención de conflictos Gregorio Lanza (otrora candidato a Alcalde de La Paz por la NFR de Manfred Reyes Villa), haya permitido que se incurra en esta omisión que encubre burdamente las graves responsabilidades de Maldonado en su calidad de Jefe Nacional de Inteligencia.
El 3 de noviembre, Maldonado se presentó en Sucre para prestar su declaración a requerimiento del agente fiscal asignado por la Fiscalía General, Orlando Riveros, siendo el primero (de todo el contigente policial involucrado) en acudir a la citación fiscal; aunque de forma muy sigilosa y casi clandestina, como para "zanjar" el tema de una vez por todas. El Defensor del Pueblo no movió un dedo para hacer el respectivo seguimiento de aquellas declaraciones que sin duda incriminan a Maldonado por las incoherencias que sostiene contradiciendo sus inocultables acciones en  Chaparina. El entonces Jefe Nacional de Inteligencia se negó a hacer públicas las declaraciones que efectuó ante el fiscal Riveros, huyendo de la prensa sucrense, lo mismo que el fiscal Riveros que guarda como un verdadero “secreto de Estado” tales declaraciones de Maldonado.
Cerrando este círculo de impunidad, en las conclusiones del informe emitido por Villena, este Defensor del Pueblo “recomienda” al Fiscal General del Estado iniciar acciones penales por violación a los derechos humanos, a varios funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Policía, menos al Jefe Nacional de Inteligencia.
El coronel Maldonado tras declarar en la Fiscalía de Sucre, el 3 de noviembre.
En la página 120 del informe de marras, Villena pide al Fiscal General
“que instruya proseguir las acciones penales por la violenta intervención policial acaecida el 25 y 26 de septiembre de 2011, en especial contra los ciudadanos Sacha Sergio Llorenti Soliz, Marcos Jaime Farfán Farjat, Boris Villegas Rocabado, Ramiro Delgado, Karolina Vertiz Arancibia, Edwin Contreras, Diego Pérez, Jorge Arzabe, Adalit Rivero, Ernesto Castro; así como contra los funcionarios policiales Jorge Santiesteban Claure, Oscar Muñoz Colodro, Edwin Foronda Franco, Modesto Palacios Cruz, Oscar Chávez Ruedas, Alberto Aracena, Henry Terrazas Verduguez y otros…”.
Como se puede ver, el nombre de Víctor Maldonado Hinojosa fue omitido deliberadamente por los redactores de este Informe Defensorial, ya que investigar a Maldonado con el rigor del caso habría implicado llegar hasta "JR" Quintana, el eslabón perdido en la “cadena de mando” misteriosamente rota en medio de aquella violencia fascista que estremeció al país y a los pueblos indígenas del mundo.
¿Por qué el Poder Legislativo y las organizaciones populares de Derechos Humanos no toman la iniciativa de exigir una auditoría técnica y legal sobre el comportamiento del Defensor del Pueblo en éste y otros asuntos? ¿Quiénes son los funcionarios dependientes de Villena, además de Jaime Quiroga Carvajal, que redactaron cada una de las páginas de aquel Informe?
Atentados impunes contra Sol de Pando
Una conjura abusiva y cobarde contra la autonomía informativa de Sol de Pando.

La actitud prevaricadora del Defensor del Pueblo se reitera en otros asuntos donde la mano abusiva de Quintana es evidente. Es el caso de los impunes atentados sufridos por Sol de Pando.
El Defensor del Pueblo, Villena,  actúa también encubriendo esos atentados que no solo se limitaron a la incautación y quema de nuestra edición número 22 el 11 de julio ejecutadas por personal dependiente del gobernador Flores Roberts, sino también abarcan las campañas difamatorias y discriminatorias de “JR” Quintana en abuso de sus funciones estatales y tráfico de influencias para causarle daño económico al periódico, además de las acciones de amedrentamiento contra nuestras canillitas para evitar la venta de ejemplares en las calles de Cobija y las presiones para destruir nuestros planteles de prensa con amenazas, prebendas y chantajes.
La Gerencia y Dirección de Sol de Pando dirigieron una primera carta de queja a Rolando Villena el 28 de julio del 2011, a pocos días de la incautación dirigida por Luis Flores, denunciando además las presiones ejercitadas contra nuestra entonces jefa de canillitas Virginia Guachalla, cuyo grupo familiar y vecinal fue obligado a dejar de vocear el periódico con la amenaza de ser excluidos del programa “Empleo Digno”, además de las amenazas de agresión física y vendettas judiciales vertidas contra el plantel de prensa del periódico. Aquella queja nunca mereció respuesta por parte de Villena.
Funcionarios dependientes de “JR” Quintana privaron a este grupo de
canillitas (el primero en la historia periodística de Pando) de una fuente laboral.
Posteriormente, el 7 de diciembre del mismo año, reiteramos nuestra queja ante dicho Defensor del Pueblo, reclamando por la falta de atención a la nota del 28 de julio. Nuestra certeza respecto a una virtual actitud prevaricadora de Villena en contra nuestra surgió precisamente al constatar que en el informe defensorial sobre el intento de masacre contra los marchistas indígenas el 25 de septiembre en Chaparina (Yucumo), intervino uno de los operadores políticos de Juan Ramón Quintana, hoy estrecho colaborador de Villena: el abogado Jaime Quiroga Carvajal, por cuya influencia ha sido excluido de dicho informe el actual Comandante de la Policía, Víctor Maldonado, quien entonces ejercía como Jefe Nacional de Inteligencia bajo órdenes directas de Quintana.
El hombre de los tentáculos.
A partir de dicho antecedente —y considerando que a raíz del escándalo de un soborno pagado por agentes de Inteligencia a un involucrado en el caso Rozsa, Jaime Quiroga ya había sido denunciado por El Deber de Santa Cruz, el 20 de enero del 2011, como un “infiltrado de Quintana” en el Defensor del Pueblo—,  Sol de Pando solicitó a Rolando Villena separe a este funcionario en el tratamiento de las denuncias sobre los recurrentes atentados perpetrados contra nuestro periódico precisamente por Quintana y sus dependientes estatales.
En esa segunda carta dirigida a Villena el 7 de diciembre del 2011, la Gerencia y Dirección de Sol de Pando le expresan lo siguiente:
“Asimismo molestamos su atención para solicitar a su digna autoridad, muy encarecidamente, tenga a bien apartar al señor Jaime Quiroga Carvajal —funcionario bajo vuestra dependencia— de cualquier conocimiento de nuestra reiterada queja ante el Defensor del Pueblo, pues en caso de ser así se estaría incurriendo en conflicto de intereses, entre otras anomalías, debido a antecedentes y nexos del señor Quiroga que son de pleno conocimiento suyo”.
Hasta la fecha, Villena no se ha dignado en responder ninguna de las dos quejas formalmente presentadas por Sol de Pando el 28 de julio y 7 de diciembre del 2011; y tampoco los directivos de este periódico, en su condición de damnificados, han sido convocados para aportar en las investigaciones con las pruebas que disponemos ni menos notificados con los resultados (inexistentes) de la investigación que era deber constitucional del Defensor del Pueblo llevar adelante respecto a las agresiones y discriminaciones que este medio periodístico se ve obligado a resistir estoicamente y sin claudicar en aras de la transparencia de la gestión pública.


martes, 22 de mayo de 2012

MÁS PODER PARA EL “JR” | Con el interinato de Maldonado, Quintana toma control directo de la Policía

Quintana y Maldonado mantienen una relación política estrecha desde el 2008.

El ex militar logró su objetivo de someter a la institución policial bajo su irrefrenable ansiedad de poder personal, dentro una estrategia orientada a convertir a la Policía en una entidad eminentemente represiva y de control político, para transferir importantes funciones policiales a las Fuerzas Armadas. La Policía es una más de las instituciones estatales que cae bajo el compulsivo control de Quintana, ante la complacencia de un Presidente que labra su propio desgaste como rehén voluntario del ávido ex asesor de Banzer. Si Evo Morales no “desquintaniza” su Gobierno, la crisis gubernamental podría derivar en una ruptura de la democracia que el mismo Quintana viene gestando con maquiavélica intencionalidad, pretendiendo militarizar este proceso…

por Wilson García Mérida
Otro error de Evo que sólo lo desgasta.
La posesión reciente del coronel asimilado Víctor Maldonado Hinojosa como Comandante General de Policía Boliviana, con carácter interino, es otra “jugada maestra” del ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana que vuelve a poner al presidente Evo Morales  —quien designó al cuestionado policía por directa “sugerencia” de su influyente Ministro (como sucede con una gran parte de las designaciones en este régimen)—,  en un escenario recurrente  de conflicto, de crisis y desgaste presidencial.
Apenas superado el conflicto con el sector médico y estudiantil a raíz de un decreto anticonstitucional redactado por iniciativa del mismo Quintana, ahora Evo Morales se enfrenta a un latente estado de amotinamiento e insubordinación policial al haberse roto las líneas institucionales de ascensos y promociones de mando en la Policía.
No cabe duda que este ex mayor de Ejército, conocido como “el JR” en las altas esferas gubernamentales, es la personificación más nítida de una tendencia autoritaria, reaccionaria y rupturista que está pisando fuerte en el gobierno del presidente Evo Morales, causando el acelerado deterioro de un Gobierno que prometía otra cosa al país. El ex militar que fue asesor de Inteligencia en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, es el principal responsable de la pérdida de popularidad de Evo Morales y de la derechización del proceso de cambio, con los asomos fascistoides de un sujeto ávido de acumular poder personal (y riqueza mal habida por ende) a costa de corromper las instituciones democráticas bajo un pseudo discurso “anti-imperialista” que engañó a muchos durante los primeros años de este régimen, y sigue engañando a los mandatarios electos que confían en él ciegamente.
El síndrome autoritario y compulsivo del poder.
Si Evo Morales retoma lucidez alejando sus oídos de la lengua falsaria de Quintana, y asume la necesidad de revertir el deterioro de su régimen para reencauzar el proceso revolucionario bajo los principios libertarios y populares que sustentaron este proceso, no sólo debe rectificar errores como el reciente de entregar el mando de la Policía a un efectivo asimilado, sino, sobre todo, “desquintanizar” su Gobierno cortando de manera firme y transparente los tentáculos militaristas y autoritarios que este descontrolado “estratega” de la ruptura —obsesionado con acumular para sí un poder ilimitado— viene desarrollando a costa incluso de debilitar el liderazgo democrático del Presidente.
Si se mantiene la situación de descontento generado en las filas policiales por este caprichoso nombramiento (tras la destitución de Santiesteban por el escándalo no aislado de Anapol, lo correcto era el relevo con el segundo General al mando), el país podría revivir aquel doloroso amotinamiento policial de febrero del 2003 que fue el comienzo de la caída de Sánchez de Lozada. Está en manos de Evo Morales —sólo de Evo Morales y bajo ninguna circunstancia de Quintana—  evitar semejante posibilidad en ciernes.
La Policía, nuevo botín de Quintana
Maldonado, comandante en el Beni, junto a fiscales que defenestraron a Suárez.

Tal como confirmó la revista digital Oxígeno que dirige el periodista Grover Yapura, el coronel Víctor Maldonado Hinojosa “fue un detective asimilado por la institución del orden, en los años 80”, no egresó de la Academia Policial y no cumple el requisito esencial para asumir cargos de General, pues, según Oxígeno, “en los años 80 (durante el gobierno de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, nr) fue parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DIN), grupo que se dedicó a ejercer represión política y que atentó contra líderes sociales. Un vez que el DIN desapareció, el gobierno democrático de Hernán Siles Suazo dispuso que quienes eran parte del grupo de inteligencia sean asimilados por la Policía…”.
Es por demás sabido que el coronel Víctor Maldonado, quien fue habilitado para ascender en el escalafón policial durante el gobierno de Sánchez de Lozada como parte de un grupo de policías vinculados al MNR, es un policía que hoy trabaja estrecha y directamente bajo las órdenes de “JR” Quintana, al menos desde el año 2008 tras los sucesos sangrientos en Porvenir, cuando Maldonado Hinojosa asumió el cargo de Subcomandante Departamental de la Policía en Pando. Quintana, que odia visceralmente a la Policía fiel a su espíritu de cuerpo militar, halló en Maldonado el perfil ideal de un policía con cierto desafecto hacia la estructura institucional normada. Debido a su carrera policial como un ex agente civil de inteligencia asimilado, Maldonado sufrió en carne propia la discriminación de sus  soberbios camaradas formados en la Academia Policial y en esa circunstancia halló en Quintana el padrino perfecto para subir en la jerarquía policial venciendo esa discriminación a costa incluso de romper las líneas formales de mando.
Luego de intercambiar favores mutuos en Pando, en el 2010 Quintana “promovió” a Maldonado como Comandante Departamental de la Policía en el Beni, donde el ya privilegiado ex agente del DIN trabajaría estrechamente con Jessica Jordan haciendo “seguimiento” al entonces gobernador Ernesto Suárez. Durante su gestión como comandante del Beni, el coronel Maldonado trabajó con un dirigente del MNR en Trinidad, Oscar Nacif, para incriminar a los entornos de Suárez de presuntos pagos de millonarios sobornos en la Asamblea Departamental, en mayo del 2011, a partir de lo cual la caída del gobernador Suárez se hizo inminente.
Tras el “exitoso” caso de los sobornos en el Beni, en agosto del 2011, en previsión a la anunciada crisis del Tipnis una vez emprendida la marcha desde Trinidad, Quintana apadrinó a Víctor Maldonado para que éste asumiera el cargo de Jefe Nacional de Inteligencia, lo cual le permitió al “JR” consolidar su  área de control e influencia en el Ministerio de Gobierno, por encima incluso del Ministro correspondiente, pues Evo Morales había delegado en Quintana  —encubierto bajo su cargo de rango menor como director de la Agencia de Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (“Ademaf”)— las tareas de Seguridad e Inteligencia del Estado.
Además de controlar el aparto de Inteligencia policial a través del coronel  Maldonado, Quintana controla los organismos de inteligencia militar mediante un grupo de oficiales satinadores egresados de la Escuela de Cóndores de Sanandita (creada durante la dictadura de García Meza) quienes se encargan de realizar labores de infiltración y escuchas telefónicas, además de otras tareas sucias propias de regímenes dictatoriales. Este grupo de satinadores, de hecho, también ha sustituido al grupo de policías edecanes en el Ministerio de la Presidencia. El objetivo de Quintana es que todos los equipos de edecanes en todos los ministerios, incluyendo los servicios de seguridad del Presidente, prescindan de personal policial y en su lugar sólo trabajen oficiales del Ejército egresados de la Escuela de Cóndores.
corrupción policial funcional al plan militarizador
El ex mayor de Ejército detenta hoy
un mando pleno sobre la tropa militar.
Mientras dure el interinato del coronel Maldonado como Comandante General de la Policía, "JR” Quintana aprovechará esta coyuntura para reducir los espacios institucionales de la Policía a favor de las Fuerzas Armadas, y para doblegar a los coroneles que aspiran al ascenso de generales obligándoles a alinearse con el “proceso de cambio” sin derecho a deliberar y comprometidos a quedar en deuda con él por las prebendas que se negociarán en dicho lapso.
El estadólatra mayor Quintana en los años 90.
En su alianza con “el JR”, Maldonado le proveyó valiosa información interna que le permitió al ex militar tener un “mapa” (con su respectivo “power point” de rigor) para planificar su intervención sobre los mandos policiales.
Por supuesto que la corrupción endémica que caracteriza a esta institución coercitiva del Estado ofrece uno de los flancos más vulnerables de la Policía, y es lo que Quintana aprovecha para quitarle terreno al cuerpo policial. En base a la información suministrada por Maldonado, Quintana, desde la dirección de Ademaf, obligó al Ministerio de Gobierno procesar y destituir a varios policías que fueron sorprendidos cobrando sobornos a traficantes de madera en Pando; y una vez que el ex militar volvió al Ministerio de la Presidencia en enero de este año, instruyó a uno de sus más obsecuentes “operadores” en la Amazonia, Cliver Rocha, director de la ABT (Autoridad para la Fiscalización de Bosques Tropicales) emitir una resolución administrativa separando a la Policía Nacional en las tareas de control de los bosques, para sustituir a los efectivos policiales con una unidad dependiente de las FF.AA. En otras palabras, la corrupción en que suelen incurrir algunos efectivos policiales es funcional a la estrategia de Quintana para favorecer a la expansión militar en ciertas funciones estatales que le serán cercenadas a la Policía.  Pero la corrupción en sí no desaparece, sólo cambia de uniforme y de mandamás.
Someter a la Policía al poder político
El estudio de Quintana sobre la Policía.
En el año 2003, ejerciendo como sociólogo tras ser dado de baja del Ejército, Quintana realizó una consultoría para el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (Pieb), publicando un estudio denominado “Policía y democracia: una política institucional pendiente”, donde el ex militar vislumbra su proyecto hoy en marcha manifestando lo siguiente:
“La compleja mezcla del poder deliberante del mando policial, su subordinación política y la  indiscriminada autonomía administrativa, impidieron llevar a cabo reformas coherentes en el cuerpo policial. La continua rotación de mandos trató de regular la lealtad policial pero al mismo tiempo fue un obstáculo para ejercer plena autoridad política. En suma, hasta hoy no ha sido posible forjar una política gubernamental, peor aún, una política estatal, capaz de lograr la subordinación policial al orden constitucional. Tomando en cuenta lo anterior, las tareas más urgentes que se deben llevar a cabo debieran orientarse a lograr la institucionalización a través de la subordinación real y efectiva de la conducta, roles y funciones policiales al imperio de la ley”.
Aquella “subordinación real y efectiva” que busca “JR” tuvo una muestra patética durante el último Congreso del MAS en Cochabamba, donde los principales mandos de la Policía se hicieron presentes exhibiendo sus credenciales de militantes recién afiliados al partido.
Adiós a las Ong’s
Almaraz y Quintana entregando tierras en Pando, 2009.
Cuando estalló el conflicto del Tipnis, a partir de la marcha que se inició en agosto del 2011, Quintana aprovechó esa coyuntura para desmarcarse abiertamente de las ONG’s a través de las cuales había llegado al gabinete de Evo Morales junto con personajes como Alejandro Almaraz, Raúl Prada, Pablo Solón y otros funcionarios estalinistas de estas ONG`s que crearon el conflicto del Tipnis como parte de su disputa interna por cuotas de poder con el MAS.
Quintana, que con anterioridad a las elecciones del 2005 tuvo alguna actividad académica trabajando para algunas ONG’s hoy en la oposición, y que se acercó a Evo Morales y García Linera como funcionario de una ONG financiada por el grupo norteamericano Soros, tuvo serios problemas con la partidocracia del MAS durante su primera gestión en el Ministerio de la Presidencia, debido a la distribución de cargos.
Las pegas que le exigía el MAS al ministro Quintana las detentaban las ONGs, además de sus entornos personales y familiares con gente del MIR, MNR y ADN. Cuando se produjo la ruptura entre las ONG’s y el MAS, Quintana dejó el Gabinete junto con Almaraz, “Chato” Prada, Solón, “et al”; pero a diferencia de los dirigentes del Cejis, el ex militar no se pasó a la oposición, se aferró al gobierno aceptando un cargo menor como director de “Ademaf” y desde esa oficina se quitó la máscara académica y se puso la charretera mostrando el puño cerrado y el ceño fruncido que necesitaba el MAS ante la emergencia del conflicto del Tipnis, un conflicto que le abrió el camino para volver al Ministerio de la Presidencia, esta vez granjeándose las simpatías necesarias entre la jerarquía cocalera del MAS que lo había reemplazado con Oscar Coca en el Gabinete tras la ruptura entre la partidocracia masista y los señoritos de las ONG`s (que con sus privilegios financieros pretenden suplir no sólo al Estado sino también al Partido).
Desde “Ademaf”, Quintana abrió de par en par las puertas de los cuarteles, mucho más que en su anterior gestión de Ministro, para generar una adhesión obsecuente de las FF.AA. a Evo Morales; exacerbó la propensión megalómana y pequeño-burguesa del Presidente adulándolo en todo momento y anulando el perfil indígena de Evo, y expandió sus redes de Inteligencia aprovechando sus viejas amistades con militares y policías banzeristas y garciamecistas. El coronel Víctor Maldonado, ahora Jefe Nacional de Inteligencia, le venía como anillo al dedo.
La mano negra en Chaparina
Maldonado en Chaparina, el 25 de septiembre.
No hay duda alguna de que Quintana fue el “cerebro” del intento de masacre del 25 de septiembre del pasado año, perpetrado especialmente contra mujeres indígenas que marchaban con sus hijos; tras el ropaje de “Ademaf”, Quintana operativiza las principales acciones represivas del Gobierno actuando a nombre del presidente Evo Morales para imponer su autoridad por encima incluso de otros ministros encargados de las áreas de Seguridad y Defensa. Envió personalmente al Jefe Nacional de Inteligencia hacia Yucumo para planificar la violenta intervención policial; los informes que transmite Maldonado desde su celular no van necesariamente al despacho del ministro Sacha Llorenti y menos a la del comandante general de la Policía. Van a oídos de Quintana directamente. Es ahí donde la famosa “cadena de mando” se rompe. De hecho, el Comandante general de la Policía de entonces, Santiestéban, a quien hoy Maldonado reemplaza en el cargo, desconocía sobre la presencia del Jefe Nacional de Inteligencia en la zona de Yucumo; y la pregunta obvia es ¿quién le instruyó a Maldonado hacerse presente en el lugar del conflicto durante la operación represiva?
La intervención policial en Chaparina se produce en el momento en que los marchistas indígenas se toman una siesta en pleno reposo dominical, cansados, hambrientos, sedientos, humillados, tras sufrir difamaciones que emiten los medios de Estado con el libreto escrito por Quintana y tras soportar un despiadado bloqueo que les impide acceder a suministros de agua, medicamentos y víveres; la acción está concebida militarmente para aprovechar el factor sorpresa, reducir la resistencia física de los intervenidos y evitar bajas en lo posible. El santo  y seña para la intervención policial en el momento de la siesta indígena no la da un pajarito, la da un equipo de Inteligencia previo trabajo especializado; eso lo sabe el coronel Víctor Maldonado, eso lo sabe el satinador Quintana, diestro en operativos Opsic (Operaciones Sicológicas) que aprendió en la Escuela de las Américas de Panamá y que ahora, en el Gobierno del “cambio”, se enseña como materia troncal en la Escuela de Cóndores de Sanandita, cuyos tenebrosos muros huelen hoy a pintura fresca.
El Jefe Nacional de Inteligencia participó sin duda en la represión.
Los planificadores y ejecutores de  la represión fascistoide en Chaparina (entre ellos Quintana y Maldonado con toda seguridad) intentaron rematar aquella razzia anti-indígena trasladando a los marchistas acorralados hacia sus lugares de origen en vuelos de la FAB, usando aviones que llegaron ahí sin la autorización oficial respectiva. La Máxima Autoridad Ejecutiva del área, la Ministra de Defensa, Cecilia Chacón, hizo prevalecer su condición de mujer joven y revolucionaria renunciando al cargo porque alguien también rompió la cadena de mando en este Ministerio; sobra decir quién es el recurrente “innombrable” que todo lo rompe.
Las villanías de Villena
Villena vigilado por Jaime Quiroga Carvajal, uno de
los más obsecuentes "operadores" de Quintana.
En noviembre del 2011, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, emitió un informe sesgado y mediocre que no muestra investigación alguna sobre el por qué de la presencia del coronel  Víctor Maldonado en la Marcha horas previas a la razzia del 25 de septiembre, y tampoco explica los motivos reales de la renuncia de Cecilia Chacón al Ministerio de Defensa.

El Informe Defensorial sobre los hechos de Chaparina no menciona en ninguna de sus páginas el nombre de Víctor Maldonado Hinojosa. Miente Villena en sus recientes declaraciones ante la prensa este martes, tras salir de una reunión en el Palacio de Gobierno, cuando sostiene que Maldonado “se negó a declarar”; no consta en el informe que el Defensor del Pueblo hubiera requerido informe alguno al entonces Jefe Nacional de Inteligencia. 
De hecho, en las conclusiones del informe emitido por Villena en noviembre, este Defensor del Pueblo “recomienda” al Fiscal General del Estado iniciar acciones penales, por violación a los derechos humanos a varios funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Policía, menos al Jefe Nacional de Inteligencia.

¿Quién redactó y corrigió este informe
encubridor que firmó Rolando Villena?
En la página 120 del informe de marras, Villena pide al Fiscal General que instruya proseguir las acciones penales por la violenta intervención policial acaecida el 25 y 26 de septiembre de 2011, en especial contra los ciudadanos Sacha Sergio Llorenti Soliz, Marcos Jaime Farfán Farjat, Boris Villegas Rocabado, Ramiro Delgado, Karolina Vertiz Arancibia, Edwin Contreras, Diego Pérez, Jorge Arzabe, Adalit Rivero, Ernesto Castro; así como contra los funcionarios policiales Jorge Santiesteban Claure, Oscar Muñoz Colodro, Edwin Foronda Franco, Modesto Palacios Cruz, Oscar Chávez Ruedas, Alberto Aracena, Henry Terrazas Verduguez y otros…”. El nombre de Víctor Maldonado Hinojosa fue omitido deliberadamente por los redactores de este Informe Defensorial, ya que investigar a Maldonado con el rigor del caso habría implicado llegar hasta Quintana, el eslabón perdido en la “cadena de mando” misteriosamente rota.
Sol de Pando ha comprobado en carne propia que Rolando Villena incurre en prevaricato para encubrir la participación de Quintana en varios hechos represivos orquestados por “el JR” y sus “operadores”.  Uno de aquellos “operadores”, el más obsecuente en el entorno íntimo de Quintana, se llama Jaime Quiroga Carvajal, por cuyo “filtro” pasan los informes que suscribe el defensor Villena.
Sol de Pando sigue esperando respuestas a reiteradas quejas elevadas al Defensor del Pueblo acerca de los atentados y actos discriminatorios que sufre nuestro medio informativo por influencias y órdenes directas de “JR” Quintana y sus funcionarios estatales, tales como la incautación de 2.000 ejemplares sufrida el 11 de julio del 2011 y la cobarde campaña de terror contra nuestras humildes canillitas que fueron obligadas a dejar de vender el periódico en las calles de Cobija.
Villena, quien por lo visto le debe el cargo a Quintana, resultó ser otro de sus fieles subordinados; al menos eso muestra su informe encubridor sobre los sucesos del 25 de septiembre en Chaparina.