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| Los sargentos y suboficiales llegando al centro de La Paz, desde El Alto, durante una marcha pacífica protagonizada este jueves en su demanda constitucional de descolonizar las FF.AA. | Foto Erbol |
INFORME ESPECIAL | Denuncian que el control elitista y prebendal de las FF.AA. en manos de Quintana habría provocado una crisis con tendencia a desbordarse tras la reciente masacre blanca de 702 uniformados de bajo rango, agravando el clima de desestabilización que enfrenta nuevamente el gobierno de Evo Morales…© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando
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| Una asamblea deliberativa de los suboficiales y sargentos reclamando sus nuevos derechos constitucionales. | Foto Erbol |
A raíz de esas declaraciones de Quintana lanzadas a modo de consigna oficial, los mandos militares, por órdenes del Ministro de Defensa, desataron una escalada represiva dentro su institución, dando de baja a los militares movilizados, lo cual ha derivado en el pedido de renuncia de ambos ministros.
La mañana de este jueves 24 de abril una multitud de más de mil sargentos y suboficiales, junto a sus esposas e hijos, exigieron la renuncia del Ministro de la Presidencia y su colega de Defensa durante la concentración realizada en la ciudad de El Alto, antes de marchar hacia el centro de La Paz exigiendo restitución de derechos para los suboficiales perseguidos y sometidos a represalias laborales por parte del Gobierno. Esta segunda marcha en La Paz durante las últimas 24 horas contó con participación de representantes del interior del país, principalmente de Cochabamba. Similares movilizaciones se realizan en Santa Cruz, Trinidad y Oruro, según reportes de la red radiofónica Erbol.
La marcha de los militares desarmados conmovió a la población civil que aplaudió a los humildes troperos en su recorrido de El Alto a la La Paz, al son de las bandas marciales integradas enteramente por sargentos y suboficiales. Se sumaron a la manifestación el movimiento indígena de los Ponchos Rojos y las combativas mujeres de la central Bartolina Sisa.
Esta nueva situación de crisis generada por las contradicciones internas del propio régimen, vuelve a poner en el limbo de la desestabilización al gobierno que preside Evo Morales. El Presidente afronta otra vez más un escenario de desgaste causado por su propio entorno de confianza. En anteriores situaciones similares (como el motín policial en febrero del 2012), dicho entorno atribuyó la razón del conflicto al "imperialismo yanqui" a la "derecha opositora", encubriendo con ese manido ardid sus propias responsabilidades.
Sol de Pando ha requerido la posición oficial del ministro Juan Ramón Quintana sobre la dimensión de este conflicto mediante un cuestionario (ver en PDF) que remitimos en la fecha a la señora Maya Nemtala, jefa de gabinete del Ministerio de la Presidencia.
Ola de represalias ante una demanda democrática
- Un panfleto que circuló en los cuarteles ya en marzo, conteniendo una clara posición ideológica de adscripción a la nueva Constitución vigente en el país. | Foto Erbol
“Pedimos la inmediata restitución de los sargentos y suboficiales que somos perseguidos y fuimos dados de baja, no merecemos semejantes represalias por el sólo hecho haber presentado un proyecto de Ley al presidente Morales en los marcos de la Constitución que estipula la descolonización de todas las instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas”, dijo el suboficial Johnny Félix Gil, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas (Ascinalss), que fue uno de los primeros en ser dado de baja.
Gil responsabilizó de la crítica situación al Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y al Ministro de Defensa Rubén Saavedra, a quienes exigió renuncien a sus cargos además del relevo del actual Alto Mando Militar.
Pocas horas después de aquella movilización que concluyó pacíficamente en el centro de la sede de Gobierno, cerca a la Plaza Murillo, el Alto Mando ordenó el retiro obligatorio de 702 suboficiales y sargentos que participaron en la movilización. Según Erbol, un comunicado de prensa de la máxima autoridad castrense informó que fueron retirados 381 militares del Ejército, 300 de la Fuerza Aérea Boliviana y 21 de la Armada Boliviana. Sumando los primeros 11 suboficiales retirados del servicio activo, son 713 servidores militares dados de baja durante esta semana. Una verdadera masacre blanca.
La medida coercitiva agrava el malestar interno en los cuarteles de Bolivia. El pasado lunes fueron dados de baja cuatro suboficiales: Franklin Colque Laime, Erick Magne Chinches, Jhonny Félix Gil Denis y Lorgio Cartagena Tamo, quienes elaboraron un documento demostrando que la oficialidad de baja graduación sufre discriminación incluso en la calidad de tela para sus uniformes, además de no tener acceso a los centros educativos militares de alta titulación y posgrados.
El miércoles se produjo la baja de otros nueve suboficiales y sargentos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que realizaban estudios en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), a los que se sumaría otra cifra de efectivos que también fueron retirados, éste último dato según los militares de bajo rango, reportó Erbol. Todos ellos se declararon en la clandestinidad.
Las drásticas sanciones se basan en la letra fría de la Ley Orgánica de las FF.AA. vigente desde el gobierno militar de René Barrientos Ortuño y que tuvo una leve reforma en 1992 durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. Esa Ley del viejo régimen prohíbe reuniones reivindicativas de militares de bajo rango, a las que tipifica como actos de sedición y de atentados contra la Seguridad Nacional y “el honor de las FF.AA.”.
Las evasivas responsabilidades de Quintana
- El ministro Quintana recibe el saludo militar en un cuartel en Puerto Rico, Pando. | Foto Archivo Sol de Pando
Dentro el grupo de suboficiales y sargentos que se encuentran en la clandestinidad se sostiene que el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ejerce un control directo y absoluto de la institución militar “y es quien le dicta instrucciones al propio Ministro de Defensa”.
Recordaron que la renuncia de la anterior Ministra de Defensa, Cecilia Chacón, se produjo por discrepancias con Quintana a raíz de la movilización “inconsulta” de un avión de la FAB hacia la zona de Chaparina para expulsar del lugar a los indígenas que se movilizaron en defensa del Tipnis, en septiembre del 2011.
“Sin consultar con la Ministra que no estuvo de acuerdo con ese acto represivo, el entonces director de Ademaf, Juan Ramón Quintana, instruyó al comandante de la FAB movilizar esa nave para secuestrar a los indígenas”, afirma un suboficial que apoya la movilización de sus camaradas. El general Tito Gandarillas, quien era entonces comandante de la FAB, fue premiado por ese acto de obsecuencia con el ascenso a Comandante en Jefe de las FF.AA. y desde ese puesto “hizo campaña electoral por el MAS en los cuarteles, siguiendo ciegamente las instrucciones de Quintana; ahora los familiares del general Gandarillas gozan de importantes cargos en la administración pública”. Un oficial de la Policía Nacional que denunció a Sol de Pando vínculos estrechos de Quintana con el extorsionador Fabricio Ormachea, coincide al sostener que también los policías fueron igualmente manipulados durante la represión de Chaparina a través del ministro de Gobierno Sacha Llorenti (viceministro de Quintana antes de asumir el cargo ministerial) y un grupo de jefes policiales “cooptados” por Ormachea a través de prebendas en la administración pública y tráfico de influencias para ascensos y órdenes de destino.
Una herencia extorsiva de los Gastos Reservados
- Freddy Berzatti, uno de los militares más privilegiados del régimen. Dejó el Senado para encargarse de la Embajada de Bolivia en Washington por necesidades familiares.
A Quintana se le atribuye el ascenso meteórico de decenas de jerarcas militares que ejercieron niveles de mando castrense saltando a la administración pública del país, especialmente en el servicio diplomático, lo que ha producido un régimen de privilegios clientelares que profundizan las diferencias clasistas y raciales en el seno de las FF.AA.
Según un informe del periodista Iván Paredes publicado por el periódico La Razón el 18 de noviembre del 2012, el gobierno de Evo Morales habría negociado con las cúpulas militares la eliminación de los Gastos Reservados que les beneficiaba durante los regímenes pasados, con una “compensación” mediante cargos diplomáticos y de jerarquía en la administración púbica, a fin de evitar tendencias golpistas en estas cúpulas castrenses.
“Ésta es una alianza que surge ante la negativa de otorgar los gastos reservados para los comandantes (...) Ahora no reciben ese dinero, que a veces triplicaba su sueldo, pero tienen cargos importantes con buenos salarios”, señaló a La Razón una fuente militar reservada que reveló tal mecanismo de extorsión militar aún vigente dentro el gobierno de Evo Morales.
Los primeros en beneficiarse de ese acuerdo fueron militares del entorno íntimo de Quintana, entre ellos el general Freddy Berzatti, su operador político en Riberalta, encargado de la Embajada de Bolivia en Washinton después de ejercer un curul en el Senado sin concluir su gestión legislativa (el criterio para precipitar esa designación diplomática se basó en el hecho de que Berzatti tenía un familiar enfermo en Estados Unidos). O el contralmirante Rafael Bandeira, embajador en Panamá —una embajada codiciada por contrabandistas y lavadores de dinero—, quien operativizó la militarización de Pando tras la caída de Leopoldo Fernández. Bandeira y otros militares que hicieron de Pando su feudo familiar, incurrieron en delitos de complicidad con el narcotráfico y contrabando —y actos nepotismo— en la Prefectura post masacre de Porvenir, según denuncias engavetadas en el Ministerio de Transparencia.
Entre la mordaza y los privilegios
- El oscuro contralmirante Rafael Bandeira que dejó una estela de corrupción y nepotismo en la Prefectura de Pando. Hoy detenta la codiciada Embajada en Panamá.
El 4 de mayo del 2013, Página Siete publicó una lista de militares privilegiados del régimen, todos ellos —según se afirma entre los sargentos y suboficiales— apadrinados por Quintana ante el presidente Evo Morales que firma las designaciones resignado a la extorsión militar impuesta tras la eliminación de los Gastos Reservados. A la fecha el número de militares “leales” al proceso de cambio haciendo lobby en el Ministerio de la Presidencia tras ser relevados del mando castrense, se va incrementando.
El ex comandante de la FAB Liborio Flores, es hoy embajador en Argentina; Luis Trigo Antelo, ex comandante general de las Fuerzas Armadas, es embajador en Venezuela; Carlos Ramiro de la Fuente, ex comandante de las Fuerzas Armadas, fue el cónsul de Bolivia en Chile haciendo una escandalosa representación que obligó a su destitución. Otros militares en cargos diplomáticos citados por Página Siete son el embajador de Japón, Luis Higa Tomita (coronel de Ejército); el cónsul adjunto en Chile Ramiro Oswaldo Flores (subteniente del Ejército) y el cónsul en Beijing (China), Guillermo Callup Liendo (general de brigada del Ejército). Algunos de estos jefes arrastran acusaciones de corrupción y actos violatorios a los derechos humanos durante sus desempeños castrenses.
En planillas de otras instancias de la administración pública, incluso de carácter técnico como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, YPFB o Ademaf, o de tipo jurídico como Migración y Aduanas, existen militares “en comisión” o familiares de éstos. También copan aparatos de Seguridad e Inteligencia del Estado —con preferencia satinadores de la Escuela de Cóndores de Sanandita— al margen de sus específicas funciones castrenses, ostentando sus privilegios y prebendas ante la tropa empobrecida de sargentos y suboficiales ahora reprimidos y vilipendiados por el poder dominante.
“Es por todo eso que el Ministro de la Presidencia y su títere el Ministro de Defensa no quieren que los militares deliberemos”, protesta el sargento Lorgio Cartagena.
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