Efectivos de la Utop de Cochabamba atrincherados en la azotea de su Comando.
Foto Opinión
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Así como en el motín de febrero del 2003, la nueva rebelión de la tropa policial surge desde los estómagos hambrientos de estos servidores públicos y sus familias, con una demanda salarial que el Estado, ya sea neoliberal o plurinacional, ha sido incapaz de resolver con elemental sensibilidad humana. También es común a ambos motines la tensa e histórica disputa por espacios funcionales con las Fuerzas Armadas. La diferencia grave es que el nuevo motín está motivado por una estrategia gubernamental claramente orientada a someter a los policías bajo un régimen disciplinario que los amordaza como ciudadanos, les reduce como institución a su mínima expresión y les condena al hambre como servidores públicos de segunda categoría, en comparación al privilegiado escalafón militar. Por eso el motín ahora es nacional…
por Wilson García Mérida
Febrero | 2003
Los días 12 y 13 de febrero del año 2003, la tropa policial en La Paz se amotinó rechazando un decreto que disponía un impuesto a los salarios de los trabajadores bolivianos, pretendiendo con ello el Gobierno cubrir un severo déficit fiscal producto de la corrupción política y la crisis neoliberal.
Los policías de bajo rango —que constituyen uno de los sectores de la administración pública peor pagados a pesar del estigmatizado y riesgoso rol institucional que cumplen para proteger la potestad del Estado— rechazaron el “impuestazo” amotinándose en una conjunción movilizada con estudiantes y obreros que asediaron la Plaza Murillo; y todas las unidades, desde bomberos hasta agentes de tránsito, se acuartelaron en el Comando de Seguridad Física (hoy Utop), a donde ingresaron con las viseras puestas al revés. La rebelión activa se circunscribió a la ciudad de La Paz; en el resto del país las unidades policiales se mantenían pasivas pero expectantes. El gobierno de Sánchez de Lozada, a través de su ministro Sánchez Berzaín, lanzó tropas militares a las calles y dispuso francotiradores que abrieron fuego desde las azoteas del Palacio Quemado y otros edificios adyacentes, dejando 35 muertos y más de 200 heridos, que fue el saldo de aquella desigual guerra interna entre las FF.AA. y la Policía, con la represalia adicional de que el régimen dio de baja al mayor David Vargas, truncando la carrera de aquel joven jefe policial que había actuado como vocero del movimiento reivindicativo. Sólo entonces el Gobierno de Sánchez de Lozada anuló el decreto de su pretendido e impopular “impuestazo” anti-salarial; pero su caída, que se produjo estrepitosamente en octubre de ese año, se tornó inminente.
El mayor David Vargas en febrero del 2003.
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Junio | 2012
El pasado 19 de junio una veintena de esposas de policías de bajo rango se declararon en huelga de hambre tomando las oficinas del Comando General, en La Paz, para exigir salarios justos, a son de la consigna de “motín policial”. El miércoles, cumpliendo el rito libertario de volcarse las viseras, la tropa tomó las instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop), la misma que había sido el lugar del motín en el 2003, a una cuadra de la Plaza Principal.
Pero esta vez, a diferencia del Febrero Negro de hace nueve años, el motín es mucho más intenso, masivo y generalizado. Los amotinados de La Paz salieron a las calles para marchar con sus familias, mujeres e hijos, y expresaron su descontento con el régimen atacando instalaciones controladas por el Gobierno como la Dirección de Inteligencia. En el resto del país sucedió lo mismo, decenas de piquetes de huelga conformados por las esposas se han instalado en todos los cuarteles policiales de Bolivia; a la tropa rasa se han sumado jefes y oficiales y los servicios policiales se han desactivado en todo el territorio, a tal punto que el sistema bancario suspendió sus actividades por obvias razones de seguridad. El Gobierno, avezado “ninguneador” de las entidades críticas de la sociedad civil, “minimiza” el motín y dilata las posibilidades de una solución concertada. Entretanto el Ministro de la Presidencia, uno de los principales gestores y responsables de esta crisis, ha activado los aparatos de Inteligencia bajo su control directo, desplegando temerariamente agentes del Ejército para fisgonear en los cuarteles policiales y nuevamente surge el fantasma de un enfrentamiento entre policías y militares; varios agentes de la inteligencia militar que merodeaban por los piquetes de huelga han sido identificados y capturados infraganti por los policías en Oruro y Cochabamba.
La crisis se desató ya hace más de un año, en abril del 2011, cuando el presidente Evo Morales promulgó una draconiana Ley de “Disciplina Policial”, la Ley 101, que castiga con trabajos forzosos a los policías que cometan la menor infracción reglamentaria como no saludar a sus superiores, en vez de mejorar los salarios de la tropa para evitar la rutinaria corruptela, ya que en comparación a los sueldos que ganan los uniformados de las FF.AA. son abismalmente inequitativos. El problema se complicó el pasado 21 de mayo, cuando “JR” Quintana impuso como Comandante General a su hombre de confianza dentro los aparatos de Inteligencia, el coronel asimilado Víctor Maldonado, quien es uno de los principales actores en la represión contra los indígenas del Tipnis en Chaparina. La imposición de Maldonado en el Comando Nacional por influencia de Quintana apunta a cercenar varias funciones policiales limitando el presupuesto de esta institución y liquidando una promoción de generales para favorecer a la expansión militarista en el actual “proceso de cambio”. Tales son las reales y profundas causas del nuevo motín policial que está estremeciendo a Bolivia.
Una imagen recurrente en la última década.
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Exigen que Evo anule su Ley para “disciplinarlos”.
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En Tarija esperan pronta solución
En el Beni interpelan a Evo
En Sucre el repliegue es ordenado
En Cochabamba el motín se endurece
En Santa Cruz se tomó Palmasola
En Potosí se suman jefes y oficiales
En Oruro también se tomó el Segip
En La Paz hay luto e insubordinación
Foto Los Tiempos
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