viernes, 22 de abril de 2011

Nómadas No Contactados de la Amazonia boliviana quedan sin sus territorios originarios

Bolivia no tiene políticas claras para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, a pesar de su avanzada Constitución



Buca Yacu, último descendiente de guerreros pacahuaras.

La Ley de Reconducción Comunitaria del Inra enfatiza sus procedimientos en el componente de la tierra agrícola y carece de una estrategia para reconstituir los territorios originarios de las naciones indígenas en vías de extinción, lo cual prescribe la propia Constitución Política del Estado Plurinacional. Este “vacío legal” dejó sin su territorio a los Pacahuara, pueblo originario que jamás le ha exigido nada al Estado boliviano; mucho menos una vulgar parcela de tierra, sino simplemente que se respete su ancestral territorialidad integrada a los bosques amazónicos de Bolivia...
No cabe duda que la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria, promulgada en noviembre del 2006 por el Gobierno del presidente Evo Morales, ha significado un avance revolucionario sin precedentes en la historia agraria de Bolivia; ya que a partir de su promulgación se develó el colosal fraude con que el Gobierno de Sánchez de Lozada aplicaba una Ley Inra frontalmente favorable a los latifundistas y especuladores de tierras ganaderas y forestales especialmente en el oriente boliviano.
La Ley de Reconducción Comunitaria de Evo Morales redefinió importantes aspectos procedimentales de la Ley 1715 del Inra aplicado por el gonismo; y los primeros resultados revolucionarios de esa reforma tuvieron gran impacto precisamente en el departamento de Pando: en apenas dos años  —hasta agosto del 2008—  fue saneada el 100% de las tierras fiscales agrícolas, ganaderas y forestales de este territorio amazónico, facilitando la distribución de más de 2.3 millones de hectáreas a favor de miles de campesinos e indígenas pobres organizados como movimiento social, algo que los regímenes anteriores no habían alcanzado ni al 20% en 25 años años de democracia neoliberal. La Ley 3545 estipula que hasta el año 2013 deben sanearse todas las tierras fiscales existentes en el territorio nacional estimadas en algo más de 106 millones de hectáreas.
Sin embargo aquella exitosa perspectiva revolucionaria que se desarrolla con la aplicación de la Ley 3545 beneficiando como nunca antes se había beneficiado a la gran masa campesina del país, queda lamentablemente ensombrecida por una ostensible omisión en el nuevo diseño procedimental del Inra reformado por el actual Gobierno, no obstante que el artículo 31 de la nueva Constitución Política del Estado instituye políticas específicas para los pueblos indígenas en vías de extinción siguiendo lineamientos de la ONU.
En efecto, el artículo 31 de la nueva Constitución estipula con meridiana claridad lo siguiente:
     I.       Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamientovoluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.
    II.        Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.
Este precepto constitucional tan avanzado no figura, paradójicamente, en la Ley de Reconducción Comunitaria del Inra.
Buca lideriza el retorno de su familia a su territorio de Pando.
¿Tierra vs Territorio?

Sucede que la Reconducción Comunitaria tiene una concepción eminentemente agrarista en desmedro de una visión más integral de los derechos indígenas como tales. La dimensión campesinista del “farmer” agrícola individual o colectivo domina sobre el vasto y complejo espectro indígena originario. Este desequilibrio conceptual termina por romper la dicotomía Tierra-Territorio que había sido la consigna central de los movimientos sociales durante las últimas dos décadas. Los procedimientos establecidos en la Ley 3545 ponen énfasis en el problema de la tierra, frente al cual se subordinan las cuestiones de la territorialidad indígena, con lo que el discurso “tierra-territorio” queda roto y en solo eso: mero discurso.
La burocracia vinculada a la Ley de Reconducción Comunitaria aplica un solo tipo de procedimientos para la tierra y el territorio, basado en los trámites de solicitud de tierras que implican papeleos casi  al estilo clientelar de la reforma agraria del MNR de 1953; a tal punto que los problemas de territorio se reducen al instituto de la “Tierra Comunitaria de Origen” (TCO) que para constituirse no difiere en su tramitación respecto de una rutinaria solicitud agraria, olvidando que los problemas de la territorialidad indígena son una cuestión histórica vinculada a procesos de descolonización, a la memoria colectiva, a la sobrevivencia étnica  y al destino mismo del Estado Plurinacional; pues la pluri-nación es una multi-territorialidad que no puede reducirse a un simple trámite de solicitud de tierras ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria.
Este desfase institucional en la administración estatal de la tierra agrícola y del territorio indígena trajo como consecuencia una serie de incongruencias que aguó la fiesta nada menos que en el primer Departamento de Bolivia donde el Inra había logrado el récord de sanear el 100% de las tierras fiscales a sólo dos años de vigencia de la Ley de Reconducción Comunitaria: Pando.

El caso de los Pacahuara
La nación Pacahuara, o lo que queda de ella, es una etnia en vías de extinción que se constituye hoy en el más importante pueblo en aislamiento voluntario o “no contactado” dentro del territorio amazónico de Bolivia, igual que otros grupos similares que se hallan dispersos en los territorios vecinos de Brasil y Perú.
Los Pacahuara jamás le han exigido nada al Estado boliviano; mucho menos una vulgar parcela de tierra. Desde hace tres siglos en los que se tienen registros formales de su existencia, esta nación madre de otras sólo exigió el respeto a su territorialidad para ejercer en paz su derecho a la vida nómada y salvaje integrada a los bosques amazónicos.
Cuando el Inra concluyó el saneamiento de tierras en Pando aplicando la Ley de Reconducción Comunitaria, el caso de la nación Pacahuara no encajó en los procedimientos agraristas del proceso y el resultado de este vacío legal fue que unos empresarios madereros que heredaron esa zaga de exterminio iniciada en 1796 y agudizada en los siglos XIX y XX, ahora son tan dueños del territorio Pacahuara (del cual fue parte incluso la ciudad gomera de Cachuela Esperanza) como lo fue a principios del siglo XX el esclavista Nicolás Suárez.
La concesionaria Mabet resultó favorecida por la Ley de Reconducción Comunitaria en vez de los indígenas Pacahuara, consumándose de ese modo una estrategia etnicida apadrinada por intereses norteamericanos que durante la dictadura militar de Banzer pretendieron borrarlos del mapa de Pando "relocalizándolos" hacia proximidades de Riberalta (Beni).
Las reformas del Inra no han sido capaces de zanjar esta querella histórica desde la perspectiva indígena, por ejemplo revirtiendo al Estado las concesiones de Mabet y creando en esta zona un santuario de vida silvestre Pacahuara con un tercer Parque Nacional en Pando, complementario a los ya existentes en Manuripi y Bruno Racua, los cuales fueron creados para proteger la fauna y la flora de la Amazonia pandina. Ahora se trata de preservar ese otro valioso tesoro natural y cultural como son los humanos Pacahuara.
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 Publicado en la separata Datos & Análisis Nro.1 (en SdP Nro.18)
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links relacionados

Mapas contradictorios en el Viceministerio de Tierras sobre el territorio Pacahuara

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La ausencia de una visión institucionalizada acerca de la compleja realidad de los pueblos indígenas en vías de extinción, no obstante que la Constitución establece ese necesario enfoque en su artículo 31, hace que el Viceministerio de Tierras, desde anteriores gestiones, incurra en contradicciones incluso al elaborar los mapas oficiales referidos a la territorialidad indígena...

En uno, donde se establece el vínculo entre pueblos indígenas y organizaciones que los representan, se admite que  la zona del Río Negro, provincia Federico Román de Pando (donde Inforcasa-Mabet ocupa cuatro concesiones forestales), es territorio indígena Pacahuara...


  






...y sin embargo en el mapa de los pueblos altamente vulnerables del país, también elaborado oficialmente, la nación Pacahuara ha sido suprimida como si ya se hubiera extinguido.









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jueves, 21 de abril de 2011

Una ONG yanqui define las políticas forestales en Pando y Quintana nunca la "expulsa"

Por Wilson García Mérida

Todas las maniobras realizadas por empresarios madereros para apropiarse del territorio Pacahuara fueron sustentadas con certificaciones y auditorías, favorables al despojo, emitidas por Rainforest Alliance, la ONG de Usaid que goza de una extraña inmunidad en esferas decisivas del Gobierno. A pesar del estrambótico discurso oficial que insiste demagógicamente en la expulsión de los organismos injerencistas, el Gobierno de Evo Morales es tolerante con esta ONG forestal, y el principal propagandista de este discurso, Juan Ramón Quintana, "ignora" deliberadamente el rol de Rainforest Alliance en el saqueo de la madera de Pando que es cuantiosamente exportado al mercado de Estados Unidos...


La organización no gubernamental norteamericana Rainforest Alliance, estrechamente vinculada a la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda al Desarrollo (Usaid, por su sigla en inglés), es la principal “certificadora” de las concesiones madereras en el país a través de su programa “SmartWood” que se ejecuta desde 1996 al amparo de la Ley 1700 (Ley Forestal) promulgada por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y todavía en plena vigencia bajo la actual administración del Estado Plurinacional.
Las certificaciones “SmartWood” que otorga Rainforest Alliance cuentan con el respaldo institucional de entidades privadas como la Cámara Forestal de Bolivia (CBF) y el Proyecto de Manejo Forestal Sostenible (Bolfor) también financiado por Usaid.
El propósito teórico y aparente de las “certificaciones” encomendadas a Rainforest Alliance que otorga un “sello verde” a los exportadores madereros —y que el Gobierno boliviano está obligado a convalidar en cumplimiento de la Ley 1700—, es el de garantizar un supuesto “manejo sostenible de los bosques”; aunque en los hechos dicho “sello verde” es una franquicia para la exportación de maderas preciosas industrializadas y semi-elaboradas especialmente dirigida al mercado norteamericano.
“Cuando el forestal certifica el bosque que aprovecha o su industria, recibe el Sello Verde, que es la garantía a los consumidores que el producto que está comprando viene de un bosque manejado responsablemente”, decía un artículo publicado en diciembre del 2009 por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), revelando el verdadero propósito de las “certificaciones forestales” más bien exigidas por las leyes norteamericanas.
Mabet, la más “certificada”
El programa “SmartWood” de Usaid tiene en los bosques tropicales de Bolivia su principal centro de acción. Los empresarios madereros del país se ufanan de encabezar el ranking de bosques “certificados” a nivel mundial. En efecto, un reporte emitido en julio del 2004 por el “Forest Stewardship Council” (FSC, integrante de la red Rainforest Alliance, que opera desde Alemania), informaba que “en el mundo existen 24 países que cuentan con bosques tropicales certificados alcanzando una superficie total aproximada de 4’463.1578 hectáreas, de las cuales Bolivia cuenta con 1’474.175 hectáreas que representan el 33% del total, situando al país en el primer lugar a nivel mundial en cuanto a extensión de bosques tropicales certificados”. El mismo informe agrega que “en segundo lugar se encuentra Brasil, el mismo que cuenta con 1’249.204 hectáreas de bosques tropicales representando el 28%, seguido por Guatemala con 455.309 hectáreas y el 10 % del área total”.
Datos actualizados al 2009 (Ibce) establecen un total de 2’093.160 hectáreas de bosques madereros “certificados”, es decir casi el 10% de los recursos forestales del país vinculados con el comercio de derivados de madera como parquet, muebles, puertas, ventanas, partes y piezas, etcétera. El principal mercado de la madera tropical boliviana es Estados Unidos; con un valor promedio anual de exportación de 14 millones de dólares; seguido de Inglaterra con $us 7 millones y Francia con $us 3 millones.
La empresa “Maderas de Bolivia Etienne” (Mabet), figura entre las 20 empresas bolivianas exportadoras de madera que se han sometido “voluntariamente” a las certificaciones de Rainforest Alliance, siendo una de las principales proveedoras de derivados de madera al mercado norteamericano. Su rubro original, desde 1985 cuando se constituyó como una empresa constructora, fue la fabricación de muebles y casas pre-fabricadas y no precisamente la extracción de madera, exportando a Estados Unidos el 90% de su manufactura.
La mueblera Mabet se vinculó con el sector forestal en el año 2000, durante el gobierno de Banzer, mediante una  sociedad con Inforcasa (Industria Forestal Cachuela Esperanza S.A.) de Santa Cruz, que detentaba tres concesiones en el territorio Pacahuara de la Provincia Federico Román, en Pando, desde 1997 y por un lapso de 40 años. Los propietarios de Mabet crearon una empresa denominada, nada menos, “Empresa Forestal y Agroindustrial Pacahuaras S.A.”, que fue ilegalmente “sub-contratada” por Inforcasa para explotar los bosques a orillas de los ríos Negro y Pacahuara hasta el año 2006. Cumplido ese plazo, y en medio de denuncias de millonarias evasiones impositivas y pleitos judiciales por esa causa con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), “Pacahuara S.A.” se declaró dolosamente en quiebra dando lugar a que Mabet se constituya en empresa forestal, tras lo cual Inforcasa le transfirió las tres concesiones ocupadas en el territorio indígena desde 1997, a la que se sumó una cuarta concesión obtenida directamente por Mabet. Descontando pequeñas áreas que le fueron recortadas por el Inra para dotar tierras a comunarios campesinos dentro las concesiones bajo estipulaciones de la Ley 3545, actualmente Mabet detenta un total de 222.609 hectáreas en el corazón del territorio indígena que perteneció históricamente, según registros que datan de la época colonial, a la nación Pacahuara.

El "influyente" Quintana 
culmina la obra etnocida de banzer
Este territorio comenzó a ser vaciado de sus habitantes indígenas originarios durante la dictadura militar de Banzer, en la década de los setenta, cuando sicarios contratados por madereros ilegales se dedicaron a exterminar a los principales líderes pacahuaras, asesinándolos. Algunos de los sobrevivientes de esa masacre fueron "relocalizados" a una pequeña reservación Chácoba en el Beni, sufriendo una aculturación etnocida; y existiría un grupo nómada no contactado que intenta volver a su territorio originario en Pando especialmente durante temporadas de la zafra castañera.
En el año 2008, el entonces ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, comprometido abierta y estrechamente con la concesionaria maderera, propició el "saneamiento" de aquellas concesiones forestales por parte del Inra y la ABT, consolidando la expulsión histórica de la nación Pacahuara de su territorio originario en Pando.
Durante la gestión de Quintana en el Ministerio de la Presidencia, funcionó en dicho ministerio una unidad denominada  "Componente de Transversalización Indígena", creada para promocionar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas dentro el Estado Plurinacional de Bolivia, contando con fondos financiados por la cooperación danesa (Danida). Dichos fondos fueron malversados por Quintana con fines exclusivamente electorales y de mera propaganda gubernamental, mediante "foros", "seminarios" y lujosas publicaciones, entre otros suntuosos gastos a nombre de la "transversalización indígena",  que en ningún momento y de ninguna manera fortalecieron los derechos sociales y territoriales de los pueblos indígenas vulnerables y en vías de extinción dentro la Amazonia, como los Pacahuara hoy definitivamente desterrados de Pando.
A fines del 2009, el gobierno de Dinamarca decidió suspender el financiamiento de Danida para los programas de Transversalización Indígena, motivo por el cual esa unidad especial del Ministerio de la Presidencia fue cerrada. El gobierno danés observó que Quintana no cumplió con una efectiva promoción de los derechos de los  indígenas en vías de extinción de la Amazonia, a pesar de los millonarios recursos otorgados para tal fin por la cooperación danesa.

El ingreso vedado a los Pacahuara en la concesión “Los Indios”

Leer este texto traducido al inglés por Scott Campbell
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VERSIÓN OFICIAL DE LA EMPRESA MABET

miércoles, 20 de abril de 2011

Pando mostró su capacidad de una absoluta solidaridad


Residentes paceños recaudaron cuatro toneladas de solidaridad.
Las desgracias ocurridas en La Paz por el mega deslizamiento y las inundaciones por el desborde del río Beni, calaron las fibras más intimas de los cobijeños que participaron activamente de las campañas realizadas para ayudar a los damnificados. El primero, organizado por el Centro Cívico de Residentes Paceños en Pando, bajo la organización de su presidente, Reynaldo Viraca, que en 4 días de campaña y amplio respaldo de los medios de comunicación logró recaudar cerca de 4 toneladas de alimentos y ropas. Y tras los desbordes del río Beni, a iniciativa de la Gobernación, se logró acumular otras dos toneladas de donaciones para llegar en auxilio oportuno a los afectados en los municipios de San Lorenzo y Gonzalo Moreno.

Nuevo Director de Autonomías
aplica renovado Organigrama
El Dr. Luís Tejerina Cisneras es el nuevo Director Departamental de Autonomías en Pando, quien se propuso como prioridad dar vigencia al nuevo Organigrama de la Gobernación, avanzando en la aplicación de los Estatutos Autonómicos en ciernes. Recordó que los cuatro niveles de Autonomía en el país tienen la misma jerarquía.

Hospital Roberto Galindo
preocupa a parlamentarios
Los diversos problemas logísticos y financieros que afectan el buen desempeño del Hospital Roberto Galindo de Cobija han motivado la formación de una Comisión Interinstitucional impulsada por la Brigada Parlamentaria regional. El Gobernador realiza trámites ante autoridades nacionales para viabilizar las urentes soluciones.

Aguas del río Tahuamanu
anegan a familias indígenas
67 Comunarios de la localidad de Palacios y 34 de la comunidad Florida del municipio de Bella Flor, de los cuales el 50% son niños en edad escolar, fueron socorridos ante la crecida del río Tahuamanu, informó el Director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Pando, coronel Fernando Pedraza.