Urge la realización de una Auditoría Técnica y Legal sobre los criterios y procedimientos que se utilizaron bajo la actual administración oficial de la tierra y el territorio para “sanear” unas concesiones impuestas por la dictadura de Banzer expulsando a los Pacahuara de su territorio ancestral...
Las leyes vigentes en el contexto de la nueva Constitución Política del Estado y la misma Ley 3545 de Reconducción Comunitaria —además de un elemental código ético que debe rigir sobre la conducta revolucionaria de quienes administran el proceso de cambio por el cual nuestro pueblo ofrendó su sangre—, bajo ninguna circunstancia son permisibles con actos poco transparentes al momento de aplicar estas mismas leyes.
Aún no alcanzamos a cómprender cómo es que el Inra, la ABT, el Viceministerio de Tierras y otras entidades estatales vinculadas a la gestión de la tierra y el territorio otorgaron certificados de Saneamiento a una empresa maderera que ocupa nada menos que cuatro concesiones forestales sobre una superficie de casi 223.000 hectáreas dentro un territorio indígena ancestralmente Pacahuara.
El sólo hecho del Saneamiento en sí no puede significar una sacrosanta legitimación de una propiedad territorial dudosamente adquirida, en este caso de modo abusivo durante la dictadura militar de Banzer y ratificada —transferencias de por medio— durante regímenes corruptos de la era neoliberal. Resulta inmoral y fascista que se utilicen instrumentos tan nobles como los prescritos en la Ley 3545 para consolidar una felonía; más aún cuando hay la constatación plena de que ese territorio hoy depredado por la empresa “Maderas de Bolivia Etienne” (Mabet) perteneció, pertenece y pertenecerá al pueblo Pacahuara.
Ojalá el presidente Evo Morales, en aras de su investidura indígena y la rectitud de la Ley 3545, instruya la realización de una Auditoría Técnica y Legal para establecer por qué diablos se permitió el “saneamiento” de un despojo.
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