El Reglamento de la Ley de Extranjería de España —aprobada en 2009— entró en vigor este 30 de junio, y establece nuevos requisitos para solicitar la regulación por arraigo, estimula el retorno voluntario y mejora la protección de las víctimas de violencia de género y de trata con fines de explotación sexual. Con la nueva regulación, las víctimas extranjeras de violencia de género y de trata podrán obtener un permiso de trabajo y residencia, además de suspenderse el procedimiento de expulsión si se hubiera abierto por su irregularidad.
El Reglamento también fija los requisitos para la reagrupación familiar o para la regulación por arraigo y concreta los "elementos mínimos" que deben incluir las administraciones locales o regionales en sus informes de integración, que serán resueltos por el Gobierno.
Los inmigrantes que tengan un hijo de nacionalidad española a su cargo podrán regularizar su situación en España gracias al nuevo "arraigo familiar", que se plantea en los casos en que los progenitores proceden de un país que no concede automáticamente la nacionalidad al recién nacido.
La nueva regulación, que incluye 266 artículos, recoge los requisitos para conseguir la regularización por "arraigo laboral" y "arraigo social", que se podrá conceder a extranjeros que acrediten su permanencia y trabajo durante más de dos años, o quienes hayan vivido en España al menos tres años.
En ambos casos, deberán contar con un contrato de trabajo.
El Reglamento establece que los informes que elaboran las regiones y ayuntamientos de habitabilidad de vivienda, arraigo y de esfuerzo de integración de los inmigrantes no serán vinculantes.
Apuesta por fomentar y garantizar la movilidad y el retorno voluntario de los inmigrantes, facilitando el regreso en un futuro de los extranjeros que decidan abandonar España, recuperando los periodos de residencia previos siempre que se cumplan los requisitos y el compromiso de no retorno en un plazo de años.
El nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería reduce de 90 a 45 días el tiempo para la obtención del permiso de residencia temporal y trabajo para los investigadores de países fuera de la UE.
¿Cómo afectará el nuevo texto al día a día de los ciudadanos extranjeros - 12% del total de la población - en España?
En el Reglamento de Extranjería, el arraigo social no cambia, es decir, se mantendrán los tres años para poder demostrar la permanencia continuada en España. Así, las personas en situación irregular que lleven tres años en España y no tengan antecedentes penales podrán solicitar el arraigo social como vía para la regularización.
Sin embargo, el Reglamento se cubre las espaldas en esta figura jurídica introduciendo la posibilidad de modificar las condiciones exigidas al inmigrante mediante una orden ministerial, de modo que no haga falta reformar de nuevo la ley, lo cual otorga libertad al Ministerio de Trabajo e Inmigración así como al de Interior para negar el arraigo social si así lo estiman oportuno.
En cuanto al arraigo laboral, la exigencia de demostrar un vínculo (relación) laboral de un año de duración para solicitar el arraigo se reduce a seis meses, lo cual puede interpretarse como una buena noticia.
Una de las novedades más celebradas fue la introducción de la necesaria, y solicitada durante años, nueva figura jurídica del arraigo familiar, que abre la vía a las regularización de padres con menores españoles.
“Cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad española, siempre que el progenitor solicitante tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente de las obligaciones paternofiliales respecto al mismo”, reza el Reglamento.
El nuevo Reglamento contempla que, a las víctimas extranjeras de violencia de género que se encuentren en situación irregular en España y que denuncien a su agresor, no se les incoará un expediente de expulsión hasta que no se dicte sentencia.
En cambio, si finalmente la denuncia resultase desfavorable para la denunciante tras la resolución de un juez, se iniciaría el trámite de expulsión.
